Colombia: casada con el glifosato por necesidad

Autor: Sebastián Narváez MEDINA

*Las opiniones presentadas en esta columna son exclusivamente del autor y pueden haber sido publicadas en otros medios de comunicación.

La historia del glifosato es la misma historia de cómo las narcoguerrillas han acabado no solo con las poblaciones mas vulnerables de Colombia, sino también con el medio ambiente. Los cultivos ilegales de amapola son responsables del 24% de la deforestación del país, pero para sorpresa de muchos la culpa la sigue teniendo el gobierno y su herbicida. Eso dicen.

En días recientes el gobierno de Iván Duque reinstauró la política de combate a los cultivos de coca y la polémica no se hizo esperar. La aspersión con glifosato es el método que está numéricamente comprobado como eficaz para la erradicación de estos cultivos.

Los tres pilares que lo hacen tan competitivo para países inundados de droga son el costo, la eficiencia y la seguridad. Sin embargo, otros optan por seguir defendiendo a las narcoguerrillas y al globalismo, bajo la precaria excusa de que mata y contamina. Como si la droga que circula por las principales avenidas del mundo no matara ni contaminara.

Ambientalistas y amigos de lo verde, en su mayoría, son quienes protestan en contra de la erradicación a través de este método. Aunque jamás se les ve protestando por las exorbitantes cantidades de cocaína que salen de Colombia, ni por las aberrantes amenazas que los grupos al margen de la ley significan para la nación, financiadas por el tráfico de esta sustancia.

Entre 2013 y 2019 los cultivos ilícitos crecieron en más de 100.000 por hectárea. Aún así los ambientalistas y la oposición siguen firmes en argumentar que el problema es el glifosato. Algunos estudios no concluyentes afirman que esta sustancia es levemente cancerígena y que trae efectos secundarios nefastos para los seres humanos.

Al igual que la cocaína, que sí tiene estudios concluyentes sobre sus efectos. Es cierto que tanto la EPA como la OMS han alertado que el producto tiene una leve toxicidad, sin embargo, está a la par en la clasificación con otros productos de uso cotidiano de las personas que también son levemente cancerígenos, como la carne roja.

Mientras quienes no viven el conflicto en carne y hueso vaticinan sobre la polémica del momento, algunos de los campesinos y ciudadanos de zonas rurales piden que se le de luz verde a esta medida. No aguantan un día más la inseguridad y el conflicto que los grupos al margen de la ley han generado alrededor de estos cultivos.

No toleran las amenazas que los integrantes de la fuerza pública reciben por parte de los indígenas, infiltrados por estas guerrillas comunistas para hacer de las suyas. En lo que va corrido del 2021 en Colombia han asesinado a 52 líderes sociales, y el 76% de estos asesinatos se han dado en lugares en los que se disputan los territorios ya sea por la siembra de coca o amapola, o por las rutas geográficas que surten al mundo de este producto.

De igual manera cifras históricas, especialmente del gobierno de Álvaro Uribe, logran demostrar que donde se erradica se aumenta la presencia militar, y asimismo descienden los índices de inseguridad y homicidios.

En términos del costo operativo y estatal para la aspersión con glifosato, a las guerrillas les conviene utilizar a los ambientalistas para disminuir la rapidez del proceso e incrementarlo a tal costo que genere indignación. Datos del gobierno demuestran que la erradicación manual y otro tipo de procedimientos alternativos pueden ser hasta 2,65 veces más costosos que la aspersión con glifosato.

En algún momento durante el gobierno Santos se intentó implementar la erradicación con máquinas oruga, pretendiendo igualar los tiempos y el número de hectáreas de la aspersión aérea. Sin vergüenza alguna los forajidos no lo permitieron, e incrementaron sus cultivos en las zonas de ladera, haciendo aún más indispensable el uso de aeronaves para esta práctica.

En los años 2006 y 2007, durante el gobierno Uribe, Juan Manuel Santos ejercía como Ministro de Defensa de la nación. Nunca Colombia había visto unos números tan contundentes en la aspersión y erradicación, casi 200.000 hectáreas hechas trizas en un año. La efectividad era tan alta y el costo tan bajo, que años más tarde cuando se convirtió en el gran amigo de las FARC, tuvo que desistir y condenar públicamente esta práctica como parte del aparatoso espectáculo que se vivió durante su mandato.

Puestas las cartas sobre la mesa, y en medio de las calientes tensiones que la élite protagoniza por la aspersión aérea, lo más rescatable es no olvidar que en Colombia el negocio es la cocaína y no el glifosato.

Con ambientalismos y altruismos quieren disfrazar la erradicación segura, efectiva y a bajo costo de enemiga del pueblo y aumentar la capacidad de impacto de una de las drogas más disruptivas que existen. El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por su tibieza a la hora de hacer políticas públicas para sus constituyentes.

En pocas palabras ha sido un fracaso. Pero si hay algo que podemos resaltar de los últimos meses de gestión que le queden a este cuartel, es que restituyó una de las herramientas letales para acabar con el financiamiento de los delincuentes, focalizando de nuevo la atención en el verdadero negocio del socialismo del siglo XXI. La droga.  

Un complot histórico

Autor: Sebastián Narváez MEDINA

*Las opiniones presentadas en esta columna son exclusivamente del autor y pueden haber sido publicadas en otros medios de comunicación.

Se avecinan los comicios cafeteros para el 2022, y la sed de poderío despierta a una desahuciada izquierda, acometida a salir victoriosa y preponderante a costas de una inherente victimización. Con un lenguaje populista y embustero han bautizado su iniciativa como un fingido “Pacto Histórico”. Semejante a la tan solicitada paz del 2016, la cual también encasillaron como “histórica”, y no ha sido más que exención sin verdad. Orgullosos de logros errados y ajenos a sus competencias, siete partidos políticos acechan la conversión de la patria a un comunismo letal y venenoso.

Anhelan, sin embarazo alguno, hacer de nuestro estado el núcleo de políticas corrosivas para los albedríos de los que gozamos, entre otros, apresar nuestra moral, libertad y contienda económica. Advierten así, en cabeza de Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Armando Benedetti, y el patrocinio de Margarita Rosa de Francisco, una indubitable intimidación a la democracia. No dejen pasar por alto y con nombre propio, a la cúpula madrina de este complot que anuncia su trágico desenlace.

Pactos de la misma naturaleza tienen a países enteros sumergidos en la angustia de un sistema cleptómano. Movimientos que aún no paladeaban potestades nacionales, e invitaban a su pueblo a saborear una manzana pútrida y solapada. Una vez en el poder; promesas de reformismo que se consuman en desprecio social, hambruna, conformismo y un estancamiento del verdadero progreso colectivo. Con una narrativa de caudillismo, el izquierdismo colombiano pretende acaparar todos los tentáculos del poder para el 2022.

Hablan de paz cotidiana, estable y duradera, en negación de su absoluta conspiración para incentivar una agenda de paz auspiciada por el narcotráfico y la intimidación de inocentes. Si realmente procuraban progreso, fallaron hace 60 años, al no prever, que la insurgencia no era el método más práctico para imponerse como autoridad, y asimismo se rehúsan a pagar el precio político y social de su oscuro pasado.

Un proceso así nos apremia a desenmascarar la opresión disfrazada de voluntad democrática, que pregonan desde la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el MAIS, el Partido Comunista, y la sospechosa y activa influencia de las aún existentes guerrillas en la clandestinidad de la impunidad. Muchos intentando desligar la izquierda de apellidos expuestos en esta columna, hoy bajo la misma sombrilla y corroborando que nunca nos equivocamos en nuestra caracterización.

Con desmesurado descaro, adornan el progreso liberal y la institucionalidad como el peor enemigo de la paz. Ellos, quienes ametrallaron a su pueblo, proclaman una íntima amistad con la concordia. Fomentan discursos ambientales, feministas, igualitarios, sin embargo, nunca se les escucha promover políticas contra el terrorismo, la droga, o la restauración de la consciencia de las juventudes, a pesar de una indiscutible ausencia de su criterio moral. No se percibe una autocrítica de sus masacres ni desfalcos durante sus periodos en alcaldías ni gobernaciones. Hablan de supuestas nuevas violencias declarando que, sin este complot histórico no se puede restaurar el estado.

Asimismo, no podemos omitir aquellas fuerzas políticas de tintes grises llamados Verdes. Personalidades como Humberto De La Calle, Sergio Fajardo, Claudia López, entre otros tantos, quienes imploran ser divorciados de las corrientes que alientan dicho movimiento. Lejos de acusar a los susodichos de cualquier nexo con el izquierdismo, subyace un llamado a caminar vigilantes.

No puede ser misterio ni sorpresa que el mismo centro habilite canales de apertura a dichas temáticas. Escondida en medio de tanta independencia política, se han refugiado leyes para legalizar la insurgencia, promover un aberrante libertinaje y seducir mocedades con discursos de igualdad y no de equidad. Que la intuición nos apremie con el descubrimiento de las modestas pero arriesgadas intenciones del Centro.

De manera que, logramos explayar en una breve cuenta de caracteres, motivos suficientes para aseverar que este pacto tiene más tinte de complot que de histórico. Una avanzada para desgastar las caderas del estado de derecho y otorgarles el poder absoluto a los insurrectos. De acontecer, lo histórico sería presenciar cómo, una Colombia bombardeada de comunismo opositor, se hunde en las trincheras de tan desdeñada fantochería. No nos permitamos fanatizar un complot que se presenta ante nuestra retina como el mesías de la epifanía criolla. En algún pasado nosotros, visionarios, resucitamos a Colombia del infortunio de la rebeldía y con abundante hidalguía prometemos prevalecer.